Una reciente investigación periodística ha puesto bajo el foco un contrato multimillonario presuntamente otorgado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a una empresa vinculada con el exfutbolista Giovani Dos Santos. Este hallazgo, divulgado por el portal Latinus, ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos.
Según los detalles revelados, la compañía Procura de México, donde Dos Santos figura como socio desde 2023, habría recibido en septiembre de 2024 un contrato valorado en 13.7 millones de dólares, equivalentes a más de 238 millones de pesos mexicanos. El objetivo era el suministro de productos químicos para la paraestatal, en un acuerdo concretado durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La controversia principal radica en el objeto social de Procura de México. Sus registros empresariales datan de 2005 y listan actividades como la venta de leche, artículos de limpieza y la construcción de hoteles, sin mencionar la comercialización de hidrocarburos o sus derivados, lo que genera dudas sobre su capacidad y pertinencia para el contrato con Pemex.
La vinculación de Dos Santos a la firma se registró en septiembre de 2023, poco después de su retiro del fútbol profesional. Apenas dos meses después de integrarse, el exseleccionado nacional difundió un video en redes sociales expresando su apoyo a la campaña presidencial de Sheinbaum, un hecho que la investigación de Latinus subraya como parte del contexto político.
El contrato también implica la marca «Tati», asociada al exfutbolista y su socio Antonio Fatford Tool. Este último, con antecedentes en la administración pública federal, añade otra capa de interconexión con figuras políticas del pasado. Las entregas de los productos químicos se programaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Además del controvertido acuerdo con Pemex, Procura de México exhibe en su portal relaciones comerciales con otras entidades gubernamentales relevantes, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno del estado de Tabasco, lo que sugiere una amplia red de conexiones en el sector público.
Hasta la fecha, ni Petróleos Mexicanos ni las autoridades federales han emitido una declaración oficial respecto a estas acusaciones. La investigación subraya la necesidad de examinar los criterios de asignación de contratos y los lazos entre figuras públicas, empresas privadas y el sector energético nacional, exigiendo mayor claridad y rendición de cuentas.
