La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha anunciado una prórroga para el registro obligatorio de líneas celulares en México, extendiendo el plazo más allá de la fecha original del 30 de junio. Esta decisión se toma ante la gran cantidad de usuarios que aún no han completado el proceso.
El objetivo principal de esta medida es erradicar el anonimato que, según la CRT, facilita la comisión de delitos como la extorsión y el fraude. Al vincular cada número telefónico a una persona específica, se busca fortalecer la seguridad pública y proporcionar herramientas más eficaces contra la delincuencia.
A pesar de que aproximadamente 63 millones de líneas ya han sido registradas, aún restan cerca de 80 millones de líneas activas por vincular. La CRT informó que la nueva fecha límite para cada usuario estará determinada por el último dígito de su número celular, aunque el calendario específico no se detalla en el comunicado.
Es crucial que los usuarios cumplan con este requisito, ya que la no vinculación de la línea resultará en la suspensión del servicio 72 horas después de que venza el plazo asignado. Sin embargo, incluso con el servicio suspendido, se podrán realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana, a la propia operadora telefónica y recibir alertas sísmicas.
La CRT enfatiza que el proceso de registro no es gestionado directamente por el Gobierno, sino que se lleva a cabo a través de las compañías telefónicas. Estas solo asociarán el nombre y la CURP del usuario al número de celular, asegurando que no se recaben otros datos personales o imágenes durante el trámite.
A pesar de la insistencia de las autoridades en que el registro busca mejorar la seguridad, un sector de la población ha expresado su desconfianza. La preocupación principal radica en el temor de que esta información pueda ser utilizada para espiar a los ciudadanos, una acusación que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado de “absolutamente falsa”, reiterando que el propósito es únicamente fortalecer la seguridad.
México no es el único país con este tipo de requisitos. Alrededor de 160 naciones exigen alguna forma de verificación para la activación de servicios de telefonía móvil. En Latinoamérica, países como Colombia, Brasil, Perú, Chile y Panamá ya operan con esquemas de identificación que incluso incluyen datos biométricos, y en España, la validación obligatoria se implementó tras los atentados de Madrid de 2004.
La CRT también aclaró que las fuerzas de seguridad solo podrán acceder a los datos de una línea celular si esta se ve involucrada en un presunto delito, y solo tras una solicitud formal que cumpla con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando así un marco legal para la protección de la información.
Aun con la prórroga y las aclaraciones, persisten desafíos operativos. Se han reportado denuncias sobre la venta de tarjetas SIM ya registradas a nombre de terceros. Además, existe la posibilidad de que aquellos que pierdan el servicio móvil opten por recurrir a conexiones WiFi, lo que podría incrementar la demanda sobre estas redes.
