La administración del expresidente Donald Trump ha implementado una reforma significativa en la política de drogas de Estados Unidos al reclasificar la marihuana medicinal. Este cambio eleva los productos de cannabis regulados a una categoría de riesgo inferior, reflejando una postura más flexible hacia su uso terapéutico.
Específicamente, el Departamento de Justicia, bajo la dirección del Fiscal General Interino Todd Blanche, movió los productos con licencia médica del cannabis de la Lista I —donde se encuentran narcóticos como la heroína— a la Lista III, compartiendo categoría con fármacos como el Tylenol con codeína. Esta decisión cumple con un mandato presidencial emitido el año anterior.
La medida busca principalmente expandir las oportunidades de investigación médica sobre la marihuana, así como mejorar el acceso a tratamientos para los pacientes que la necesitan. Aunque esta reclasificación es un paso importante, el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal en Estados Unidos, creando un complejo panorama legal.
A pesar de la prohibición federal, una gran mayoría de los estados estadounidenses ya han legalizado la marihuana para uso médico o recreativo, lo que ha impulsado un floreciente mercado y un sinfín de comercios. Sin embargo, esta dualidad legal complica las operaciones de las empresas del sector en aspectos fiscales y bancarios.
Este ajuste, calificado por algunos expertos como «simbólico», abre la puerta a conversaciones más profundas sobre una posible desclasificación federal completa. Defensores de la reforma, como la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana (Norml), esperan que facilite futuros cambios legislativos y elimine barreras regulatorias.
La decisión de Trump llega en un momento de creciente apoyo público a la legalización del cannabis, con más de dos tercios de los estadounidenses a favor. La reclasificación elimina un argumento clave que muchos legisladores utilizaban para evitar debatir sobre el tema, al dejar de ser una sustancia de «alto potencial de abuso sin uso médico aceptado».
Aún así, grupos activistas insisten en la necesidad de una desclasificación total a nivel federal, en lugar de solo un traslado a la Lista III. Argumentan que esto permitiría una mayor uniformidad regulatoria y resolvería las inconsistencias actuales en todo el país, que afectan tanto a usuarios como a la industria.
Se espera que la implementación de esta medida, una vez publicada en el Registro Federal, enfrente desafíos legales. Esto podría retrasar su plena entrada en vigor por meses o incluso años, dada la complejidad y el alto interés que rodea al tema del cannabis en Estados Unidos, anticipando posibles litigios.
