Un terremoto diplomático sacude las relaciones entre México y Estados Unidos tras la formalización de acusaciones por parte de Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos funcionarios estatales por presuntos vínculos con el narcotráfico. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, hizo público el señalamiento, detallando una red de conspiración entre el Cártel de Sinaloa y figuras políticas.
La lista de acusados incluye al senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, y diversos cargos de seguridad, fiscalía y policía. Los delitos imputados son graves, abarcando conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armamento pesado y conspiración para poseer estas armas, con penas que podrían alcanzar la cadena perpetua. Un caso particular es el del excomandante Juan Valenzuela Milán, quien enfrenta cargos adicionales por secuestro y homicidio de una fuente de la DEA.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha reaccionado contundentemente, confirmando la recepción de las solicitudes de detención con fines de extradición, pero enfatizando que Washington «no ha entregado elementos de prueba» que soporten las acusaciones. La Fiscalía General de la República se encargará de revisar si existen los fundamentos necesarios conforme al sistema jurídico mexicano para proceder.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y un ataque a la soberanía mexicana y al proyecto de la Cuarta Transformación. Tanto él como otros señalados han usado sus redes sociales para defender su inocencia, cuestionando la veracidad de los cargos y prometiendo demostrar su falta de fundamento en el momento oportuno.
La investigación de la DEA, liderada por Terrance C. Cole, sugiere que la elección de Rocha Moya en 2021 fue influenciada por «Los Chapitos», a cambio de protección y apoyo. Se alega que funcionarios como el fiscal adjunto Dámaso Castro Saavedra recibían pagos mensuales por filtrar información sobre operativos policiales, y que agentes policiales eran instrumentalizados por el grupo criminal para mantener el «orden» en Culiacán mediante actos de violencia.
Este episodio se enmarca en una ofensiva estadounidense más amplia contra la narcopolítica en México, siguiendo precedentes de miembros del Cártel de Sinaloa que han pactado con el gobierno de EE. UU. a cambio de información. La DEA describe al cártel como una «organización terrorista» que se nutre de la corrupción estatal, utilizando el soborno y la violencia para operar impunemente.
La formalización de estos cargos ha profundizado la ya tensa relación bilateral, especialmente tras incidentes como la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua. México ha expresado su «extrañamiento» por la forma en que se hizo pública la acusación, en contravención a los tratados de confidencialidad, y ha confirmado el envío de una carta de protesta a la embajada estadounidense. Todo esto ocurre a poco más de un mes de que ambos países sean anfitriones del Mundial de Fútbol de 2026, añadiendo una capa de complejidad a la cooperación binacional.
