El reciente escándalo que desveló la operación no autorizada de agentes de la CIA en Chihuahua, culminando en un trágico accidente carretero con víctimas mortales, ha provocado una redefinición de la crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Este incidente, que el gobierno federal asegura desconocer, podría ser apenas la punta del iceberg de una colaboración más extensa y secreta.
Información que ha comenzado a circular en plataformas como X (anteriormente Twitter) sugiere que el caso de Chihuahua no es un hecho aislado. Estas publicaciones, aunque no verificadas de forma independiente, apuntan a la existencia de pactos similares entre otros mandatarios de estados fronterizos mexicanos y autoridades de Texas, complejizando aún más la soberanía nacional.
Los señalamientos incluyen a figuras prominentes de la política mexicana. Además de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se mencionan a Samuel García, actual gobernador de Nuevo León; Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas; y Miguel Ángel Riquelme, quien recientemente fungió como gobernador de Coahuila. Todos ellos al frente de entidades clave en la frontera norte.
El gabinete de seguridad del gobierno federal ha sido categórico al desmentir cualquier autorización o conocimiento sobre la operación de agentes extranjeros en suelo mexicano. Se confirmó que los dos agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua ingresaron al país sin la acreditación requerida, uno como turista y otro con pasaporte diplomático pero sin permiso para actividades operativas.
La legislación mexicana es sumamente estricta en cuanto a la presencia de agentes foráneos, prohibiendo su participación directa en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se ciñe estrictamente al intercambio de información y coordinación técnica, siempre bajo un respeto absoluto a la soberanía de México.
La aparente falta de notificación a las autoridades federales por parte de los gobiernos estatales involucrados —o la presunta ignorancia federal— subraya un vacío preocupante en la cadena de mando y el control sobre la seguridad nacional. Esto plantea serias interrogantes sobre la autonomía de los estados para establecer este tipo de acuerdos sensibles.
La tensión generada por estas revelaciones llega en un momento delicado para las relaciones bilaterales, justo antes de la revisión del T-MEC en julio y con el reciente nombramiento de un nuevo embajador mexicano en Washington. Este episodio añade una capa adicional de fricción a una agenda ya de por sí cargada entre ambas naciones.
El gobierno de México ha exigido un esclarecimiento total sobre la colaboración de la CIA fuera de los marcos legales establecidos. La presidenta electa ha enfatizado que este es un asunto de índole jurídica, no política, que demanda respuestas claras para salvaguardar la soberanía y la legalidad en el país.
