La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha levantado la voz ante el gobierno de Estados Unidos, solicitando una mayor cooperación bilateral en materia de extradiciones. Este pronunciamiento surge en un contexto donde México ha requerido la entrega de seis individuos clave, mientras el país norteamericano ha solicitado la detención provisional de una decena de funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su reciente conferencia matutina, la mandataria detalló que las peticiones mexicanas involucran a cuatro personas relacionadas con actividades de “huachicol” o robo de combustible, y a dos más vinculadas con el emblemático caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sheinbaum subrayó que, hasta la fecha, ninguna de estas solicitudes ha sido atendida por las autoridades estadounidenses.
En contraste, la presidenta destacó el compromiso de México en la cooperación judicial, revelando que su administración ha extraditado a más de noventa individuos perseguidos por la justicia estadounidense, quienes se encontraban recluidos en cárceles mexicanas. Esta disparidad, según Sheinbaum, resalta la necesidad de una colaboración más equitativa y recíproca entre ambas naciones.
Sheinbaum fue enfática al exigir pruebas sólidas y concretas por parte de Estados Unidos para proceder con la detención provisional de los funcionarios mexicanos señalados. Descartó la “hoja de papel” con nombres y cantidades –referida como la “narconómina” por el Departamento de Justicia estadounidense– como evidencia suficiente, insistiendo en que cualquier acusación debe cumplir con la legislación mexicana.
“Envíen pruebas. No protegemos a nadie”, respondió la presidenta Sheinbaum al fiscal de Estados Unidos, Todd Blanche, sobre las advertencias de que habrá más acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 7, 2026
La jefa del ejecutivo mexicano aclaró que, si Estados Unidos posee información incriminatoria contra algún ciudadano mexicano, debe presentarla formalmente para que el proceso judicial correspondiente se lleve a cabo en territorio nacional, bajo el marco legal de México. Reafirmó el compromiso de su gobierno de no proteger a nadie, pero siempre garantizando el debido proceso.
Finalmente, la presidenta reiteró los cuatro pilares fundamentales que guiarán la colaboración con Estados Unidos: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. Estos principios buscan asegurar una relación bilateral basada en la igualdad y el beneficio mutuo, abordando temas clave como el consumo de drogas y el tráfico de armas.
