La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado el envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta propuesta, dirigida a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, busca establecer mecanismos que permitan a los partidos políticos verificar la posible relación de sus candidatos con la delincuencia organizada.
La decisión de presentar esta reforma para su discusión en un periodo extraordinario surge de la experiencia reciente del gobierno. Según la mandataria, desde el inicio de su administración, se han documentado varios casos de presidentes municipales y trabajadores de ayuntamientos con presuntos vínculos con el crimen.
La iniciativa contempla la creación de una “comisión de verificación e integridad de candidaturas” dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta comisión, compuesta por cinco consejeros, trabajaría en coordinación con entidades clave como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El objetivo de esta colaboración interinstitucional es consultar y detectar cualquier “posible riesgo razonable” de conexión con organizaciones criminales. Una vez que los partidos entreguen voluntariamente sus listas de abanderados a esta comisión, serán ellos los responsables de decidir si registran o no las candidaturas en las que se confirme alguna relación ilícita.
Sheinbaum Pardo recordó operativos como “Enjambre” al inicio de su gestión, que llevó a la detención de funcionarios municipales. Mencionó casos específicos como el de Teuchitlán, donde el alcalde de Movimiento Ciudadano fue arrestado, y los de Tequila y Morelos, donde también se han dado detenciones recientes de presidentes y empleados municipales por vínculos delictivos.
La presidenta subrayó que estas acciones derivan, en gran medida, de denuncias ciudadanas que impulsaron las investigaciones. Aunque enfatizó que se trata de “casos aislados” y no de un fenómeno generalizado, considera crucial establecer un marco legal que, respetando la presunción de inocencia, dote al INE y a los partidos de herramientas para la verificación de antecedentes antes de las elecciones de 2027.
