La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, delineó los puntos clave del «Plan B» de la reforma electoral. Esta propuesta, de carácter tanto constitucional como legal, se orienta a disminuir los privilegios inherentes al sistema actual y a potenciar la participación activa de la ciudadanía en los procesos democráticos.
Entre las medidas destacadas se encuentran la imposición de topes a los recursos asignados a congresos locales y regidurías, con un máximo de 15 por cada Cabildo. Asimismo, se establecerán límites estrictos a los salarios de consejeros y magistrados electorales, tanto a nivel federal como local, asegurando que ningún funcionario perciba una remuneración superior a la de la Presidenta de la República.
La presidenta Sheinbaum hoy enviará al Senado el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral.
Contempla:
– Reducción presupuestal a sindicaturas, regidurías, congresos estatales, presidencias municipales, INE y OPLES;
– Más participación ciudadana, y se podrá solicitar revocación de… pic.twitter.com/UbM0fvweQ1
— José Luis Morales (@JLMNoticias) March 17, 2026
La iniciativa también contempla una reducción del 15 por ciento en el gasto del Senado y propone que la elección del Poder Judicial se realice de manera conjunta en el año 2027. Además, se modificaría la consulta de revocación de mandato para que pueda efectuarse el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, en lugar del cuarto.
Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de la transparencia en los recursos de los partidos políticos, planteando que se fiscalicen todos los fondos recibidos. Esto incluiría la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervenga, si el INE lo solicita, para revisar el origen de los recursos y prevenir desvíos o el uso de fondos ilícitos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la iniciativa presidencial, destacando que su propósito fundamental es la reducción de costos y la aplicación de la austeridad republicana. «Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana», afirmó, reiterando que los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero nunca excesivos.
Rodríguez enfatizó que la administración busca generar ahorros significativos que puedan ser invertidos directamente en infraestructura social para los municipios, atendiendo así las demandas de la ciudadanía. Estas modificaciones se plantean como un compromiso esencial con la gestión responsable de los recursos públicos.
El «Plan B» propone modificaciones específicas a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a cinco artículos de la Ley General de Partidos Políticos. Estas reformas buscan sentar las bases para un sistema electoral más equitativo, eficiente y cercano a los principios de la «cuarta transformación».
