El Pleno del Senado de la República de México ha dado luz verde a una importante modificación en la Ley Federal del Trabajo. Con 104 votos a favor, se aprobó la implementación de una jornada laboral de 40 horas semanales, un cambio significativo para millones de trabajadores en el país.
No obstante, esta decisión no ha estado exenta de polémica. Representantes de la oposición han señalado que la reforma, aunque reduce las horas de trabajo, no garantiza explícitamente el derecho a dos días de descanso consecutivos, una promesa que había sido central en las discusiones previas.
El debate por el descanso prometido
La senadora priista Carolina Viggiano expresó su inconformidad, recordando que «la promesa fue del descanso de fin de semana». Argumentó que la reducción se traduce en apenas «dos horas por año», lo cual no asegura un día adicional de reposo. Además, destacó que México persiste como el país de la OCDE con mayor número de horas trabajadas y uno de los PIB por hora más bajos.
A las críticas sobre los días de descanso se sumó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. El legislador puso de manifiesto que la reforma también altera las condiciones de pago de las horas extra, lo que podría afectar directamente el ingreso de los trabajadores en situaciones de jornadas extendidas.
Castañeda explicó que el cómputo para el pago de horas extra ha sido modificado. Si anteriormente se abonaba al triple a partir de la décima hora trabajada, con la nueva legislación este beneficio comenzará a aplicarse desde la decimotercera hora, lo que representa un cambio sustancial en la compensación.
Impacto en PYMES y la disparidad en la negociación
Por su parte, Raymundo Bolaños, del Partido Acción Nacional, coincidió en la importancia de que empleadores y empleados puedan negociar las jornadas. No obstante, advirtió sobre la persistente «disparidad en la capacidad de negociación» y la ausencia de una garantía firme para los días de descanso dentro del marco legal.
El legislador panista también subrayó la posible vulnerabilidad que esta reforma podría generar para las pequeñas y medianas empresas (PyMES). Destacó la falta de incentivos o apoyos fiscales que permitan un plan diferenciado por sector, lo que dejaría a estas empresas como las primeras en resentir el ajuste y adaptarse a los nuevos requerimientos.
La propuesta aprobada en el Senado ahora será turnada a la Cámara de Diputados. Allí, continuará su trámite legislativo para una eventual ratificación o nuevas modificaciones, antes de su publicación oficial y entrada en vigor definitiva.
