La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha emitido un comunicado definitivo: el megaproyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean, planeado para Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado. Así lo confirmó su titular, Alicia Bárcena, destacando que, aunque la empresa buscaba desistirse, la decisión de la dependencia es un rotundo rechazo.
Este ambicioso parque acuático contemplaba una escala masiva, con la destrucción de más de 90 hectáreas de selva y manglar. Incluiría una vasta infraestructura de toboganes, piscinas, playas artificiales, restaurantes y bares, proyectado para recibir hasta 20,000 visitantes diarios en una comunidad que apenas supera los 2,600 habitantes.
Desde su concepción, el proyecto enfrentó una férrea oposición por parte de diversas organizaciones ambientales y la población local. Advirtieron sobre la inminente destrucción de arrecifes, manglares y los hábitats vitales de especies protegidas, como el ocelote y las tortugas marinas, que son fundamentales para la biodiversidad de la región.
La movilización ciudadana y mediática resultó crucial. Bajo el hashtag #SalvemosMahahual, una campaña masiva en redes sociales y plataformas digitales cobró fuerza, sumando a influencers y a la comunidad civil. Incluso los fans de la banda de K-Pop BTS, las “ARMYS”, se unieron al llamado, demostrando el poder de la protesta digital.
La postura presidencial fue decisiva. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum había enfatizado la importancia de no afectar el delicado equilibrio ecológico de la zona, especialmente sus arrecifes. Esta instrucción llevó a la Semarnat a realizar una revisión exhaustiva que culminó con la resolución de protección ambiental.
Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, había manifestado el compromiso de su administración de acatar cualquier determinación de la Semarnat, a pesar de su apoyo al crecimiento económico sustentable del estado. Esta convergencia de voluntades políticas reforzó la decisión final.
La negativa a este desarrollo marca un precedente significativo en la política ambiental del país. Demuestra cómo la presión pública, el activismo y el respaldo gubernamental pueden confluir para salvaguardar ecosistemas cruciales frente a proyectos de gran envergadura que amenazan la riqueza natural de México.
