La Presidencia de México, a través de la consejera Jurídica Luisa María Alcalde, ha propuesto una significativa reforma constitucional que busca modificar el calendario electoral. Esta iniciativa plantea aplazar la elección de miembros del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, del año 2027 al 2028, con el objetivo primordial de optimizar el proceso de votación.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surge de la necesidad de simplificar la compleja operación electoral. Sheinbaum y Alcalde han enfatizado que la motivación principal detrás de esta medida no radica en el ahorro de costos, sino en facilitar la participación ciudadana y agilizar la gestión de los comicios.
La justificación para esta modificación se sustenta en la magnitud del calendario electoral de 2027. En ese año, México enfrentaría una vasta serie de renovaciones que incluyen gubernaturas en 17 estados, la Cámara de Diputados, congresos locales y numerosos gobiernos municipales, lo que podría sobrecargar el proceso y dificultar la elección judicial.
De ser aprobada esta reforma, la jornada electoral de 2028 incluiría la renovación de importantes cargos dentro del Poder Judicial. Esto abarca desde cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, hasta 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, y una considerable cantidad de 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 estados.
Un componente clave de la reforma es la simplificación de las boletas electorales. Se busca que los votantes elijan un juez y un magistrado por especialidad, entre candidatos postulados y aquellos juzgadores que aspiren a la reelección, con el propósito de hacer el proceso más comprensible para el electorado.
Para ello, la iniciativa contempla una clara distinción en las boletas entre las candidaturas que proponga cada uno de los Poderes de la Unión. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) sería el encargado de dividir el territorio en los distritos judiciales necesarios para la correcta implementación de esta medida.
La propuesta también prevé la creación de una Comisión Coordinadora. Este organismo, integrado por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tendrá la tarea de verificar los requisitos formales de los aspirantes y homologar los criterios de evaluación, incluyendo la aplicación de exámenes de conocimientos.
Esta iniciativa busca corregir deficiencias observadas en procesos electorales judiciales anteriores. Por ejemplo, la elección judicial de 2025, la primera en la historia del país, registró una baja participación del 13%, en parte atribuida a la dificultad de identificar y comprender a los múltiples candidatos en la papeleta.
La fecha propuesta para esta reconfigurada elección judicial sería el 4 de junio de 2028, coincidiendo potencialmente con una eventual revocación de mandato. Esto permitiría realizar las elecciones judiciales y ordinarias en la misma ubicación, eliminando la intervención directa de los partidos políticos en el proceso judicial.
