Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó este lunes las recientes inquietudes sobre el destino del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. De manera contundente, la mandataria desestimó cualquier posibilidad de que autoridades estadounidenses intenten una sustracción forzosa de Rocha Moya del territorio mexicano.
Durante su habitual conferencia matutina, y ante cuestionamientos sobre la gravedad de las acusaciones provenientes de Estados Unidos que vinculan al político morenista con el crimen organizado, Sheinbaum Pardo fue categórica: “No, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir. Además, no creemos que vaya a ocurrir”, reafirmando la postura de su administración.
🗳️📌CASO ROCHA MOYA ES CUESTIÓN DE SOBERANÍA, DICE SHEINBAUM
Sheinbaum volvió a hablar del caso Rubén Rocha Moya.
Rocha es gobernador con licencia de Sinaloa.
Fue señalado por Estados Unidos junto con otros nueve mexicanos.
Entre ellos un senador y otras ocho personas.
La… pic.twitter.com/blR1Yyr589
— Juan Ortiz 🗳️👁🗨 (@Juan_OrtizMX) May 11, 2026
Las declaraciones de la presidenta surgen a raíz de la solicitud de detención y extradición del gobernador, emitida por las autoridades de Estados Unidos, quienes le imputan presuntos nexos con organizaciones delictivas. Esta situación ha generado un debate sobre la soberanía y los protocolos legales en casos transfronterizos entre ambas naciones.
La mandataria fue interpelada sobre si Rocha Moya podría enfrentar un escenario similar al que, según versiones periodísticas, experimentó Ismael ‘El Mayo’ Zambada, presuntamente secuestrado por hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para ser entregado a instancias estadounidenses. Sheinbaum descartó tajantemente tal paralelismo, subrayando la improbabilidad de un evento de esa naturaleza bajo su gobierno.
La administración actual sostiene que cualquier proceso relacionado con ciudadanos mexicanos debe apegarse estrictamente a los marcos legales y a la soberanía nacional, rechazando acciones unilaterales que contravengan la normativa internacional. Este episodio subraya la tensión diplomática latente en temas de seguridad y justicia entre ambos países, reafirmando el compromiso con el debido proceso.
