En un desarrollo que subraya la persistente preocupación por la infiltración del crimen organizado en esferas gubernamentales, una funcionaria clave de la administración de Donald Trump ha lanzado una enérgica advertencia. Sara Carter, quien fungió como directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), manifestó la intención de perseguir a aquellos políticos mexicanos supuestamente coludidos con cárteles.
Las declaraciones, realizadas durante una entrevista en el programa “American Thought Leaders”, revelan una estrategia enfocada en desmantelar las redes criminales, incluyendo a funcionarios gubernamentales que presuntamente “se han vendido” a estas organizaciones. La meta es clara: conseguir órdenes de aprehensión contra individuos en el poder que colaboren con el narcotráfico.
Aunque no se mencionaron nombres específicos, medios como la revista Proceso interpretaron estas afirmaciones como una referencia implícita a figuras como Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa. Este último ha sido señalado por la justicia estadounidense por supuestos vínculos con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente la liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Curiosamente, Carter también destacó un nivel de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, que calificó de “sin precedentes”. Esta aparente dualidad refleja la complejidad de la relación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
🔴“Si no cooperas con nosotros, vamos por ustedes y se van a arrepentir”, advierte Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.
Aseguró que la administración de Donald Trump mantiene en la mira a funcionarios mexicanos… pic.twitter.com/NvfAzpmYpW
— Azucena Uresti (@azucenau) June 14, 2026
La funcionaria atribuyó esta “cooperación” a la percepción de que el presidente Trump “cumple su palabra”, lo que habría motivado una mayor disposición por parte de las autoridades mexicanas. Esto, según Carter, ha facilitado acciones contra estructuras criminales específicas en Sinaloa, incluyendo a los llamados “Chapitos” y “Mayitos”.
Las recientes declaraciones se inscriben en un panorama de constante negociación y tensiones entre ambos países sobre la estrategia más efectiva para combatir a los grupos criminales transnacionales. Mientras EE. UU. ha reconocido la colaboración en ciertos arrestos, también ha persistido en criticar la presunta protección de políticos a organizaciones delictivas.
Este escenario no es nuevo, ya que la administración Trump ha manifestado en el pasado su disposición a considerar intervenciones militares contra cárteles en territorio mexicano. Tales afirmaciones han generado reacciones encontradas y han puesto en el centro del debate la soberanía de México y la injerencia extranjera.
La postura de Washington, que equilibra el reconocimiento de la cooperación con la amenaza de acciones directas contra funcionarios corruptos, subraya la presión continua sobre México para intensificar sus esfuerzos y garantizar la integridad de sus instituciones frente al poderío de los cárteles.
