Cuatro personas, incluyendo dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos en México, fallecieron en un trágico accidente en Chihuahua. El incidente ocurrió después de un operativo exitoso para desmantelar seis laboratorios de producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, ubicado en la sierra Tarahumara.
Además de los agentes estadounidenses, las víctimas mortales son el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes. Su vehículo se precipitó a un barranco mientras retornaban de la operación.
El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que los agentes estadounidenses se encontraban realizando labores de entrenamiento y colaboración, en el marco de un intercambio regular con las autoridades mexicanas. Negó que su presencia en la sierra Tarahumara fuera continua o de una índole diferente a la asesoría y capacitación.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó profundamente la pérdida de los dos miembros de su personal, así como de los funcionarios mexicanos. En un comunicado, destacó su dedicación y esfuerzos incansables en la lucha contra las actividades del crimen organizado, subrayando los riesgos inherentes a estas labores.
El fatal accidente tuvo lugar la madrugada del sábado 18 de abril, cuando el convoy de cinco vehículos regresaba a la ciudad de Chihuahua. Según los informes iniciales, la camioneta que lideraba la caravana derrapó y cayó por un barranco, resultando en la explosión del vehículo.
La operación conjunta, llevada a cabo por la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa Nacional, permitió la localización y desmantelamiento de seis narcolaboratorios. Estos sitios clandestinos, presuntamente operados por el cártel de Sinaloa, fueron descubiertos mediante el sobrevuelo de drones en una remota zona boscosa.
La investigación que culminó en el hallazgo de los laboratorios duró tres meses, desarrollándose entre el 17 y 18 de abril. A pesar de la magnitud del operativo, no se detectó la presencia de miembros del crimen organizado en la zona ni se realizaron detenciones al momento del desmantelamiento.
Debido a que se trata de un delito de orden federal, el caso ha sido turnado a la Fiscalía General de la República. Dicha instancia se encargará de todas las diligencias correspondientes para el aseguramiento de los elementos y la continuación de las investigaciones sobre este incidente y la red de producción de drogas.
