El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ha salido al paso de las declaraciones de Claudia Sheinbaum para aclarar el panorama en torno a las presuntas irregularidades y la violencia observada durante los comicios de Sinaloa en 2021. Su intervención busca desmentir la noción de que el INE no actuó ante los indicios de intervención del crimen organizado en aquella contienda electoral.
Córdova Vianello enfatizó que, si bien la elección que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura fue validada jurídicamente, esta confirmación se debió a que las impugnaciones no escalaron hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Reconoció la validez legal del proceso, pero instó a investigar por qué las autoridades ministeriales no avanzaron en las denuncias presentadas.
Durante la jornada electoral de 2021, el INE documentó una serie de incidentes alarmantes, especialmente en municipios del norte de Sinaloa como Guamúchil, Guasave y Los Mochis. Se reportó la interrupción de votaciones por la presencia de individuos armados, el robo de material electoral e incluso la sustracción de casillas completas.
El exconsejero presidente subrayó que el INE tuvo conocimiento de numerosos hechos considerados delitos electorales y que, de hecho, se iniciaron carpetas de investigación que permanecen abiertas hasta cinco años después. Criticó la falta de avance por parte de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE), una entidad que, según él, llegó a negar información al INE y obstaculizó el acceso a expedientes cruciales en otros casos.
Entre los expedientes mencionados por Córdova se encuentran la carpeta FED/SIN/MOCH/0000747/2021, por amenazas a funcionarios de casilla, y la FED/FEDE/FEDE-SIN/0000453/2021, por el presunto apoderamiento de urnas. Estos registros, originados por denuncias del personal del propio INE, reflejan la magnitud de los señalamientos de irregularidades.
LORENZO CÓRDOVA GOLPEA DURÍSIMO A LA 4T.
El ex titular del INE exhibe pruebas de cómo Rocha Moya llegó al poder ayudado de la hermana del ahora escindido senador Inzunza.
La red de narco-corrupción del bienestar en Sinaloa ni García Luna la tenía. pic.twitter.com/eveQ8OeO3L
— Neoliberalover (@neoliberalover) May 14, 2026
Córdova explicó que el INE, en el contexto de elecciones federales y locales concurrentes, asumió responsabilidades operativas hasta la noche de la elección. Sin embargo, la validación final del proceso local recaía en las autoridades electorales estatales, como el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que aprobó la elección en una sesión de apenas “cuatro minutos y medio”.
Un punto de controversia adicional surge de la relación familiar de la magistrada que presentó el proyecto de validación, Aída Inzunza Cázarez, hermana de un senador también señalado por autoridades estadounidenses en relación con el gobernador Rocha Moya. Este detalle, según Córdova, subraya la necesidad de una investigación más profunda.
Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, complementó la perspectiva al describir un “clima de violencia asociado al proceso electoral” en 2021, un “momento de quiebre” donde la injerencia criminal se hizo evidente. Afirmó que hubo operadores políticos que desistieron de impugnar debido a amenazas e intimidaciones, citando el caso del entonces candidato opositor Mario Zamora.
Ambos exfuncionarios del INE coincidieron en que el organismo electoral, por su naturaleza administrativa, carece de las facultades para enfrentar directamente a grupos criminales. Resaltaron que la omisión de una respuesta institucional coordinada por parte del Estado mexicano ha dejado una “deuda pendiente” y ha propiciado que autoridades extranjeras, como las de Estados Unidos, pongan el tema sobre la mesa.
En este sentido, Lorenzo Córdova criticó duramente las afirmaciones de la presidenta Sheinbaum, calificándolas de “plagadas de falsedades” y sugiriendo que buscan eludir responsabilidades que, a su juicio, recaen en el partido que postuló a Rocha Moya. Insistió en la urgencia de garantizar elecciones libres de coacción, ya sea gubernamental, partidista o criminal.
