La vida política de Sinaloa se sumerge en una profunda incertidumbre tras la misteriosa desaparición de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador el pasado 1 de mayo. Este hecho, inicialmente una medida administrativa, ha evolucionado rápidamente hacia un escándalo político de dimensiones nacionales, impulsado por el incesante clamor de las redes sociales y la ausencia de respuestas claras.
El detonante de esta crisis ha sido una serie de declaraciones contradictorias emitidas por altos funcionarios, que han exasperado a la ciudadanía. La falta de información precisa sobre la ubicación de Rocha Moya ha provocado una oleada de descontento, especialmente ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Yeraldine Bonilla Valverde, la gobernadora interina, admitió públicamente no tener conocimiento del paradero de su predecesor, más allá de una llamada de felicitación el día que asumió el cargo. Su declaración, “En este momento yo no he recibido ya ninguna llamada de él”, sumada a su desconocimiento sobre la duración de su propio mandato, ha incrementado la confusión.
Por otro lado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su visita a Culiacán, afirmó que Rocha Moya permanecía en Sinaloa y contaba con escolta preventiva. Sin embargo, su incapacidad para ofrecer detalles concretos sobre la ubicación del exmandatario generó más dudas que certezas.
La indignación en redes sociales
Estas declaraciones, vistas como inconsistentes y opacas, encendieron las redes sociales. Los usuarios no tardaron en manifestar su indignación, con comentarios que cuestionaban la lógica de proteger a alguien cuyo paradero es desconocido y ponían en tela de juicio la eficacia de las autoridades de seguridad nacional.
La contradicción de asignar seguridad a un individuo cuyo emplazamiento es un enigma se convirtió en el blanco principal de las críticas. Miles de usuarios percibieron estas respuestas como un reflejo de la opacidad con la que se ha manejado toda la situación, aumentando la percepción de una crisis de credibilidad gubernamental.
Pistas sobre su posible ubicación
A pesar del mutismo oficial, algunos testimonios recabados en Culiacán sugieren que Rocha Moya residía en el exclusivo fraccionamiento Privada Banus 360. Allí, se ha observado vigilancia intermitente de militares y patrullas, mientras algunos afirman que el exgobernador utiliza distintos vehículos para evitar ser identificado.
Adicionalmente, se ha mencionado un rancho en Batequitas, Badiraguato, municipio natal de Rocha Moya y Joaquín “El Chapo” Guzmán, como otra posible ubicación. Este lugar, a unos 60 kilómetros de Culiacán, presenta desafíos de acceso debido a razones de seguridad.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que la escolta asignada responde a protocolos vigentes para funcionarios. La consejera jurídica Luisa María Alcalde ha aclarado que Estados Unidos aún no ha formalizado la solicitud de detención provisional, diferenciando esta etapa de una eventual petición de extradición.
Mientras el misterio sobre Rubén Rocha Moya se intensifica, Sinaloa sigue lidiando con una escalada de violencia. Balaceras y atentados en Culiacán y Navolato persisten, alimentando aún más la desconfianza ciudadana en un estado inmerso en la incertidumbre política y social.
