La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum, la cual busca eliminar las denominadas ‘pensiones doradas’ dentro de la administración pública. Este respaldo contó con 458 votos a favor, alcanzando la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional, y sumó el apoyo de la oposición a pesar de sus reservas iniciales.
Esta importante reforma, que previamente fue avalada por el Senado, ahora se dirige a los congresos locales. Para que sea promulgada como ley, necesita la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales, marcando un paso crucial antes de ser enviada a la Presidencia para su firma y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El proyecto legislativo tiene como objetivo principal modificar el artículo 127 de la Constitución. Su propósito es asegurar que los trabajadores de confianza en organismos descentralizados y empresas productivas del Estado no puedan recibir pensiones excesivas, que en algunos casos ascendían hasta un millón de pesos mensuales.
Con la implementación de esta reforma, el tope máximo establecido para las pensiones de los servidores públicos será de 70 mil pesos mensuales. El Gobierno de México estima que esta medida generará un ahorro significativo de 5 mil millones de pesos en el presupuesto nacional, recursos que podrían ser reorientados a otras prioridades.
Organismos involucrados y el alcance de la reforma
La iniciativa se enfoca específicamente en «pensiones exorbitantes» que, según la información gubernamental, han sido recibidas por altos funcionarios de diversas entidades. Entre los organismos señalados se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (actualmente en liquidación), Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Raquel Buenrostro, quien se desempeñaba como secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, destacó un caso particular en Luz y Fuerza del Centro. Mencionó que cerca del 70 por ciento de sus extrabajadores, aproximadamente 9 mil 457 personas, percibían pensiones que oscilaban entre los 100 mil y un millón de pesos, con un individuo recibiendo más de un millón de pesos mensuales.
Objeciones y el voto final de la oposición
Durante el debate, partidos de oposición como el PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su preocupación. Argumentaron que la reforma contra las pensiones ‘doradas’ podría aplicarse retroactivamente, basándose en el criterio de que estos pagos representan un daño al erario público. Alertaron que esto podría sentar un precedente para futuras reformas con efecto retroactivo.
Movimiento Ciudadano también criticó que la iniciativa no extendiera su alcance a las pensiones del Ejército ni a las de los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sugiriendo una aplicación selectiva de la medida. A pesar de estas objeciones y reservas, tanto los partidos de oposición como una diputada independiente votaron a favor del proyecto en su totalidad.
