La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha tomado una acción decisiva al convocar a declarar al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en respuesta a las graves acusaciones de narcotráfico provenientes de Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya, de 76 años y miembro del partido oficialista, fue señalado por la justicia estadounidense a finales de abril por presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa, una situación que lo llevó a solicitar una licencia de su cargo.
Además del gobernador, la FGR ha extendido citatorios a otros nueve funcionarios de Sinaloa que también fueron implicados en las acusaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos. La Fiscalía ha manifestado su compromiso de llevar a cabo una investigación “con seriedad y exhaustividad”.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que Estados Unidos debe presentar pruebas concretas contra Rocha Moya y ha reiterado que su gobierno no brindará protección a ningún político con nexos comprobados con el crimen organizado.
Estas acciones de la FGR se producen después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunciara, el 29 de abril, una acusación formal contra Rocha Moya y otros ex y actuales funcionarios y mandos sinaloenses por delitos de narcotráfico y posesión de armas.
El Departamento de Justicia estadounidense alegó que los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
El Cártel de Sinaloa es reconocido por Washington como una de las seis organizaciones mexicanas de narcotráfico designadas como terroristas, subrayando la seriedad de las acusaciones.
Este caso, junto con la citación a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes estadounidenses, ha generado una notable tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos, complicando las negociaciones en torno a la revisión del acuerdo comercial T-MEC.
