A partir del 26 de abril, El Salvador implementará una reforma significativa en su Ley Penal Juvenil, que permitirá condenar a menores de edad a prisión de por vida. Esta medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, busca equiparar las penas para adultos y adolescentes que cometan crímenes considerados de alta gravedad.
La nueva normativa aplicará específicamente a jóvenes de entre 12 y 18 años. Los delitos que conllevan esta severa condena incluyen homicidio, feminicidio, pertenencia a pandillas, actos de terrorismo y violación. Con estas modificaciones, se eliminan los procedimientos especiales que anteriormente beneficiaban a los infractores juveniles.
Aunque la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas, aprobó esta reforma el mes pasado, se ha establecido que los nuevos juzgados encargados de aplicar la ley deberán realizar revisiones obligatorias. Estas evaluaciones tienen como fin analizar la posibilidad de un régimen de libertad para los condenados.
Revisiones periódicas para sentencias de por vida
Todos los sentenciados a cadena perpetua tendrán derecho a una revisión de su caso cada cinco años. Para los menores de edad, esta posibilidad se activa después de haber cumplido 25 años de prisión. En contraste, para adultos, las revisiones inician a los 30 años de condena, extendiéndose a 35 para quienes enfrentan múltiples delitos y a 40 para casos con agravantes.
Es importante destacar que la reforma aclara la situación para los niños menores de 12 años. Aquellos que no hayan cumplido esta edad y presenten conductas antisociales no estarán sujetos a este régimen jurídico especial, sino que se les aplicarán medidas establecidas en la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección del Menor.
A pesar de la rigurosidad de las nuevas penas, la ley insiste en que sus principios rectores incluyen el respeto a los derechos humanos de los menores, su formación integral y la eventual reinserción tanto familiar como social. Asimismo, prohíbe cualquier forma de intimidación, privación ilegal de libertad o limitación de derechos, asegurando un trato digno.
Estas drásticas reformas son una parte fundamental de la estrategia del presidente Bukele, conocida como la «guerra contra las pandillas». Esta iniciativa se lanzó en marzo de 2022, tras una escalada de violencia que llevó al país a declarar un estado de emergencia.
