El Congreso de la Ciudad de México ha emitido una enérgica declaratoria política de rechazo frente a la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a tierras mexicanas. Esta postura legislativa se fundamenta en la consideración de que su presencia y declaraciones constituyen una “ofensiva” de la ultraderecha que menoscaba la dignidad del Estado y contraviene los valores constitucionales de la nación.
La declaración fue aprobada por una mayoría de diputados capitalinos, luego de un debate que subrayó la inconformidad con las manifestaciones de Díaz Ayuso, interpretadas como un desafío a los principios de respeto que deben regir las relaciones entre países. Los legisladores enfatizaron la necesidad de salvaguardar la soberanía y la autodeterminación del pueblo mexicano.
Como parte de este punto de acuerdo, el órgano legislativo ha instado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a evaluar la pertinencia de emitir un pronunciamiento diplomático oficial. Esta solicitud busca fortalecer la posición de México ante lo que perciben como una intervención política no deseada.
Adicionalmente, el Congreso ha exhortado a las alcaldías, dependencias y entidades de la administración local a abstenerse de brindar cualquier tipo de respaldo institucional, reconocimientos o facilidades oficiales a Díaz Ayuso. Se argumenta que su visita carece de carácter oficial o diplomático, siendo de naturaleza “eminentemente política”, a pesar de haber sido recibida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
La diputada Brenda Ruiz vocalizó el sentir del congreso al declarar que “México merece respeto, su democracia merece respeto y la voluntad de su pueblo no está sujeta al juicio de quienes vienen de fuera a darle lecciones que nadie les pidió”. Este mensaje subraya la firmeza en la defensa de la autonomía nacional ante injerencias externas.
En una sesión posterior, los congresistas capitalinos también manifestaron su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial y el derecho de autodeterminación del pueblo mexicano, reforzando la postura general del cuerpo legislativo.
En otro orden de ideas, pero dentro del mismo recinto legislativo, se generó una polémica. La diputada panista Daniela Álvarez criticó la instalación de puestos de vendimia por parte de una organización de víctimas indirectas de feminicidio, calificando el evento como un “tianguis” en redes sociales.
Esta crítica fue rápidamente desestimada por la coordinadora morenista Xóchitl Bravo, quien calificó los comentarios de “ruines” y “mezquinos”. Bravo aclaró que se trataba de un bazar provisional, amparado por un convenio interbancada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objetivo de apoyar el desarrollo económico de personas afectadas por la violencia.
