El gobierno cubano ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó su intención de «adueñarse» de la isla. Desde La Habana, se critica la constante presión de Estados Unidos, que incluye amenazas diarias de derrocar el orden constitucional y la aplicación de severas sanciones económicas.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, utilizó sus redes sociales para denunciar que Washington «amenaza públicamente a Cuba casi a diario» con el objetivo de derrocar su gobierno por la fuerza. Estas acusaciones surgen después de que Trump afirmara que sería «un honor» tomar control del país caribeño.
Díaz-Canel enfatizó que las intenciones de Estados Unidos van más allá del cambio de régimen, buscando «adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos». El líder cubano califica estas acciones como un «castigo colectivo» contra toda la población.
El presidente cubano también rechazó el argumento de la «debilitada economía» de la isla como pretexto para la intervención, señalando que la crisis actual es resultado de la «feroz guerra económica» impuesta por Washington. Esta situación, lejos de doblegar al pueblo, refuerza su determinación, según sus palabras.
Ante este panorama, Díaz-Canel concluyó con una declaración contundente: «Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable». Un mensaje que subraya la postura de no claudicar frente a las presiones internacionales.
En sintonía con estas declaraciones, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reafirmó la convicción de que las sanciones y el «castigo colectivo» no lograrán mermar la plena soberanía de la isla. Asimismo, destacó la creatividad del pueblo cubano para enfrentar el bloqueo económico y el cerco energético impuesto por Estados Unidos.
Estas tensiones se intensifican mientras Washington, bajo la administración de Trump, ha condicionado el avance de conversaciones bilaterales a la salida de Díaz-Canel del poder, una condición que el gobierno cubano ha reconocido oficialmente como una presión directa.
