Tras varios meses de detención, el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el jefe de despachadores Ricardo Mendoza Cerón, vinculados al descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, lograron su libertad. La decisión fue emitida por la jueza de control Diana Isabel Ivens, quien decretó el sobreseimiento de la causa penal.
La liberación se produjo después de que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), adscrito a la Secretaría de Marina, dieran su consentimiento a los acuerdos reparatorios previamente establecidos. Estos convenios se alcanzaron mediante un mecanismo alternativo para la resolución de controversias en el ámbito penal.
El cumplimiento de dichos acuerdos resultó en la extinción de la acción penal, una figura legal aplicable a delitos culposos de índole patrimonial, sin violencia, o que requieren de una querella. Esta medida formaliza la reparación integral del daño a los afectados por el siniestro, que lamentablemente dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, la impartidora de justicia avaló el cierre definitivo de la causa penal 7/2026. Con ello, los dos trabajadores, quienes se encontraban recluidos desde enero en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, fueron absueltos de los cargos de homicidio y lesiones culposas.
La FGR había informado previamente que la empresa ferroviaria otorgó el perdón como parte ofendida por el delito de daño en bienes. Adicionalmente, se descartó la hipótesis de un ataque a las vías generales de comunicación, ya que los peritajes concluyeron que tanto la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto cumplían con la normativa vigente en el punto exacto del accidente.
Las investigaciones ministeriales, que incluyeron dictámenes de topografía y seguridad industrial, corroboraron que la calidad de los componentes de la vía y las condiciones de la locomotora y los vagones también se ajustaban a las regulaciones aplicables. Además, la fiscalía desestimó los delitos de uso ilícito de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, basándose en la información proporcionada por la empresa ferroviaria y seis inspecciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
