El ejército de Estados Unidos, a través de su Comando Sur, informó recientemente el fallecimiento de dos personas en el marco de ataques dirigidos contra presuntas “narcolanchas” en la región del Pacífico oriental. Este incidente se suma a una campaña más amplia que, hasta la fecha, ha cobrado la vida de al menos 170 individuos.
Según un comunicado emitido en la plataforma X por el Comando Sur, la embarcación impactada transitaba por rutas conocidas por el narcotráfico. Se aseguró que estaba implicada en operaciones ilícitas, formando parte de los más de 50 ataques realizados hasta el momento en esta zona.
La administración del entonces presidente Donald Trump había sostenido que estas acciones eran parte de una “guerra” contra “narcoterroristas” que operan en América Latina. Esta postura ha sido el fundamento para justificar los operativos militares en la región.
Sin embargo, una de las principales críticas hacia esta campaña radica en la ausencia de pruebas concretas que demuestren la participación de las embarcaciones atacadas en actividades de tráfico de drogas. Esta situación ha desatado un intenso debate sobre la legitimidad y legalidad de dichas operaciones militares.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado serias preocupaciones. Sugieren que estos ataques podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales, especialmente si los objetivos son civiles que no representan una amenaza inmediata para la seguridad de Estados Unidos.
La falta de transparencia y la opacidad en la presentación de evidencias continúan alimentando la controversia, poniendo en tela de juicio la observancia de las normativas internacionales y el respeto a los derechos humanos en el desarrollo de estas intervenciones armadas.
