Tras una serie de violentos enfrentamientos atribuidos a la disputa entre los grupos criminales de Los Ardillos y Los Tlacos, el gobierno de México ha intervenido en Chilapa, Guerrero, para restaurar la seguridad y el diálogo. Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una comitiva que incluyó efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, con el objetivo de retirar bloqueos y asistir a la población civil.
La operación se gestó en medio de una profunda crisis de seguridad y un significativo desplazamiento forzado en comunidades de la montaña baja de Guerrero. Los habitantes de localidades como Alcozacán y Coatzingo fueron clave al facilitar el acceso de las fuerzas de seguridad, lo que permitió el despliegue de un robusto contingente en la zona.
La intervención gubernamental consistió en el despliegue de cientos de elementos, incluyendo 690 del Ejército Mexicano, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, respaldados por más de 160 vehículos y cinco helicópteros. Un Centro de Mando fue establecido en Chilpancingo, bajo la coordinación de la gobernadora Evelyn Salgado y la titular de Segob, para supervisar las acciones.
Uno de los ejes principales de la misión fue la atención humanitaria. Se asistió a las familias que habían abandonado sus hogares debido a las agresiones recientes. Se les proveyó de colchonetas, cobertores, generadores eléctricos e insumos básicos, además de ofrecerles atención médica y garantizar su seguridad.
De acuerdo con los reportes oficiales, 120 pobladores desplazados optaron por permanecer en sus comunidades, donde se les brindó el apoyo necesario. Además, seis personas que resultaron lesionadas durante los enfrentamientos fueron trasladadas a hospitales del IMSS-Bienestar para recibir atención especializada.
La acción coordinada también permitió la liberación de la carretera estatal Chilapa de Álvarez–José Joaquín de Herrera, así como de varios caminos secundarios que habían permanecido bloqueados por la situación. Este restablecimiento de las vías de comunicación es vital para la reactivación económica y social de la región.
La intervención se aceleró tras la difusión de desgarradores videos en redes sociales, donde pobladores indígenas denunciaron ataques con armas de alto calibre y drones, quema de viviendas y el desplazamiento forzado. Algunas grabaciones incluso mostraron mujeres y niños pidiendo auxilio internacional, clamando por la ayuda del gobierno de Estados Unidos ante la inminente amenaza.
Los testimonios de los habitantes atribuyeron los ataques principalmente a “Los Ardillos”, aunque las autoridades federales confirmaron que la crisis de violencia es resultado de la pugna territorial y de poder entre este grupo criminal y “Los Tlacos”, organizaciones con una arraigada presencia en el estado de Guerrero.
