La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha informado sobre la detención de diez servidores públicos por su presunta participación en actos de tortura. Estas acciones fueron expuestas públicamente a través de videos que circularon ampliamente en redes sociales, generando una fuerte condena y exigencia de justicia.
Entre los aprehendidos se encuentran un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales. Todos ellos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, en un proceso que busca esclarecer los hechos y asignar responsabilidades.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, ha reiterado el compromiso de no tolerar la impunidad ante conductas delictivas cometidas por funcionarios públicos. En la misma línea, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó una actuación inmediata y contundente por parte de la Fiscalía, enfatizando que los derechos humanos deben ser respetados, sin importar la gravedad del delito imputado.
🤬INCREÍBLE!
Policía de Chiapas tortura a presunto delincuente. El propio comandante regional, Enrique Reyes participa activamente.
México es un Estado Autoritario.
Represión a manifestantes y ahora esto.https://t.co/ZqYC8mBkE5 https://t.co/jp1lb7vcf8— Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) May 21, 2026
De acuerdo con la información oficial, el material audiovisual que detonó la investigación se originó durante un operativo realizado el pasado 14 de marzo de 2026, en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez. Dicha operación estaba ligada a indagatorias por robo de vehículo y contó con la participación de diversas corporaciones de seguridad.
Las impactantes imágenes difundidas muestran a presuntos agentes de la Fiscalía sometiendo a dos hombres, a quienes se les colocan bolsas en la cabeza, mientras se escuchan burlas y risas por parte de algunos de los presentes. Estas prácticas han sido señaladas como violatorias de los derechos humanos y el debido proceso.
Organizaciones civiles, como el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH), han emitido un posicionamiento enérgico. En él, demandan una investigación “exhaustiva, inmediata e imparcial” sobre estos presuntos actos de tortura y detenciones arbitrarias, destacando que la tortura sigue siendo una práctica extendida en México en un contexto de impunidad.
PRODEDH ha recordado que esta práctica es utilizada con frecuencia como método de investigación y para la obtención de confesiones, lo que vulnera gravemente el debido proceso legal. Citan datos de la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura, que entre 2019 y 2024 registró 2 mil 881 casos de tortura, afectando a más de 3 mil 500 víctimas en el país.
La organización también ha señalado a corporaciones como la Policía de Investigación, la Guardia Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) por haber sido recurrentemente acusadas de detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, insisten en la necesidad de garantizar que los involucrados sean sancionados y evitar que estos actos queden impunes.
