La tensión política y diplomática se ha intensificado notablemente entre los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro. Este escalamiento se suma a una ya compleja crisis comercial que ha afectado las relaciones bilaterales entre ambas naciones sudamericanas.
El miércoles reciente, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, lanzó una grave acusación contra su homólogo colombiano, señalando a Gustavo Petro de impulsar una «incursión» de grupos guerrilleros desde Colombia hacia la frontera compartida. Noboa, a través de sus redes sociales, afirmó contar con diversas fuentes que respaldaban esta información, aunque no proporcionó detalles específicos sobre la fecha o el lugar del supuesto incidente.
La respuesta de Petro no se hizo esperar. El presidente colombiano rechazó categóricamente las imputaciones de Noboa, instándolo a «dejar de creer mentiras» y extendiéndole una invitación para encontrarse directamente en la frontera y trabajar en conjunto por la pacificación de esos territorios.
Previamente, Petro había dirigido sus propias críticas hacia Noboa, acusándolo de intervenir en las campañas presidenciales colombianas con el objetivo de favorecer a la derecha. Además, sugirió un posible origen ecuatoriano para los explosivos utilizados en un atentado que cobró la vida de 21 civiles en el suroeste de Colombia.
En medio de este intercambio de declaraciones, Daniel Noboa replicó a Petro, aconsejándole concentrarse en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en lugar de intentar «exportar problemas» a los países vecinos, evidenciando el profundo deterioro de la comunicación entre ambos líderes.
La raíz de esta fricción se encuentra en las persistentes quejas de Noboa sobre la supuesta inacción de Colombia para controlar el narcotráfico y la actividad criminal a lo largo de los 600 kilómetros de frontera común, una zona donde operan diversas bandas dedicadas al crimen organizado, la minería ilegal y el contrabando.
Ecuador, que enfrenta una severa ola de violencia con una tasa de homicidios alarmante, ha implementado una política de «mano dura» contra la criminalidad. Sin embargo, su ministro del Interior, John Reimberg, ha señalado la corrupción judicial, los gobiernos anteriores y, crucialmente, la falta de cooperación de Colombia como factores que impiden el éxito de estas medidas.
La crisis también ha tenido repercusiones económicas y diplomáticas tangibles. Quito elevó al 100% los impuestos a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que Bogotá no tardó en replicar. Asimismo, ambos gobiernos han llamado a consultas a sus respectivos embajadores, marcando un punto bajo en sus relaciones bilaterales.
