Andrés Tovar, reconocido productor de televisión y esposo de la actriz Maite Perroni, ha sido recientemente vinculado a proceso penal en México. Este desarrollo legal surge a raíz de una denuncia interpuesta por Imagen Televisión, la empresa para la cual Tovar trabajó previamente. La situación escala una disputa ya existente sobre derechos de autor y reconocimiento profesional.
Los delitos imputados a Tovar son fraude procesal y falsedad de declaración. Estas acusaciones se presentaron catorce meses después de que el propio productor iniciara una demanda civil contra la televisora, alegando la falta de reconocimiento y pago por su trabajo en más de seis mil trescientas horas de contenido.
La contienda legal se centra en la autoría y producción de programas icónicos como “Sale el sol” y “Acércate a Rocío”, este último conducido por Rocío Sánchez Azuara. Tovar sostiene que Imagen Televisión no ha cumplido con sus obligaciones contractuales respecto a obras que él desarrolló, registró y produjo durante su etapa en la compañía.
Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el monto presuntamente defraudado ascendería a 150 millones de pesos. Sin embargo, Tovar ha enfatizado que la vinculación a proceso no implica culpabilidad definitiva, sino el inicio de una fase de investigación donde ambas partes presentarán sus argumentos y pruebas.
El productor ha expresado que su caso va más allá de un conflicto individual, buscando sentar un precedente vital para todos los creadores de contenido en México. Argumenta que defender los derechos laborales y de autor no debería criminalizarse, y advierte sobre el riesgo que esto representa para la industria creativa del país.
😳⚖️ Andrés Tovar rompe el silencio sobre el presunto fraude por el que fue señalado 👀🔥#DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 #AndresTovar pic.twitter.com/CN5YZnVHYJ
— Despierta América (@despiertamerica) June 17, 2026
De confirmarse su responsabilidad penal, Andrés Tovar podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión. Este caso subraya la tensión entre la defensa de la propiedad intelectual y los desafíos legales que pueden surgir en el ámbito de la producción televisiva.
