Activistas cubanos han denunciado que el régimen de Miguel Díaz-Canel no está liberando presos políticos, a pesar de un reciente anuncio sobre un indulto masivo a más de 2.010 reclusos. Este «gesto humanitario», supuestamente vinculado a la Semana Santa, ha generado gran desconfianza entre la disidencia y los familiares de los detenidos.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, confirmó a Infobae que las liberaciones efectuadas hasta ahora corresponden únicamente a presos comunes. «En la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana, han soltado a 41 presos, todos comunes. Ni uno solo es preso político», explicó Larrondo, enfatizando la naturaleza engañosa de la medida.
La situación ha sido calificada como «el jueguecito del régimen para intentar engañar a la prensa, a costa de mortificar a los familiares». La falta de transparencia sobre la identidad de los beneficiarios y los criterios específicos de selección ya había levantado sospechas entre los opositores, quienes esperaban una estrategia similar.
El anuncio oficial del Partido Comunista describió el indulto como una acción «humanitaria y soberana». Sin embargo, no se proporcionó una lista de nombres ni detalles sobre los delitos, solo se indicó que los indultados habían cumplido una parte sustancial de sus penas y mantenían buena conducta, considerando también su estado de salud.
Crucialmente, el propio comunicado excluyó explícitamente a quienes cumplen condena por delitos como agresión sexual, asesinato, tráfico de drogas y, de manera significativa, «delitos contra la autoridad». Esta última categoría abarca figuras como desacato, atentado y resistencia, imputaciones comunes utilizadas contra manifestantes y opositores políticos en Cuba.
Fuentes consultadas por Infobae habían advertido a los familiares sobre estas limitaciones, señalando que la exclusión de delitos contra la autoridad dejaría fuera a la mayoría de los presos políticos. «No se hagan ilusiones porque estos criminales han excluido a la mayoría de los presos políticos», fue el consejo, para evitar una mayor frustración.
La desconfianza se refuerza con antecedentes recientes. En marzo, las autoridades cubanas prometieron la liberación de 51 prisioneros como un gesto de «buena voluntad» hacia el Vaticano, pero solo 26 fueron excarcelados. Este patrón subraya la reticencia del régimen a ceder en el tema de los prisioneros por motivos políticos.
Este indulto, el quinto desde 2011, eleva a más de 11.000 el total de excarcelados en ese periodo. Sin embargo, la constante ausencia de listas públicas y la verificación independiente de los beneficiarios, junto con el enfoque punitivo en delitos de disidencia, sigue siendo una preocupación clave para las organizaciones de derechos humanos.
