Una investigación reciente ha puesto al descubierto una significativa erogación de recursos públicos dentro del Senado de la República, destinada al pago de sueldos para familiares directos de diversos legisladores. Se estima que la cámara alta desembolsa anualmente un monto superior a los 8.3 millones de pesos brutos en este concepto.
Este millonario presupuesto cubre los salarios de al menos 15 personas, incluyendo hermanos, hijos, sobrinos y nietos, vinculados a diez senadores (propietarios y suplentes), un diputado federal y una gobernadora estatal. Mensualmente, esta nómina familiar representa un gasto bruto de casi 700 mil pesos.
Entre los beneficiados con los salarios más elevados se encuentra Manuel Añorve Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorve, quien percibe 100 mil pesos brutos al mes como asesor. Asimismo, Emiliano González, hijo del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, aunque no comparten apellido, figura con un ingreso mensual de 80 mil pesos por servicios de asesoría administrativa, fungiendo, según los reportes, como su fotógrafo personal en viajes nacionales e internacionales.
La lista de familiares contratados es extensa y abarca a figuras de distintos partidos. Por ejemplo, Alberto Nahle Sánchez, sobrino de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cobra 35 mil pesos brutos mensuales como asesor legislativo. También se menciona a Aitana Inzunza Meza, hija del senador morenista Enrique Inzunza Cázares, con un sueldo de más de 24 mil pesos.
Otros nombres que aparecen en las nóminas son la hermana de la senadora suplente Julieta Macías, María Catalina Macías Rábago, con 65 mil pesos, y Juan Pablo Beltrán Viggiano, hijo de la senadora Carolina Viggiano, quien trabaja como asesor del senador Miguel Riquelme con un salario de 50 mil pesos mensuales.
Un caso particularmente notorio es el de la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, quien cuenta con la mayor cantidad de parientes en la plantilla del Senado. Su hermana, hija, nieta y sobrina figuran en la nómina, sumando un gasto bruto mensual de 100 mil pesos para la institución, lo que anualmente supera el millón de pesos brutos.
Estos casos, revelados a través de un análisis de las nóminas públicas, ponen de manifiesto una práctica que genera debate sobre la transparencia y la ética en la administración de los recursos legislativos. La asignación de puestos a familiares plantea interrogantes sobre los criterios de contratación y la idoneidad profesional en el servicio público.
