Las autoridades estadounidenses han enfatizado su colaboración con la justicia mexicana, revelando la entrega de 313 individuos buscados por diversos delitos en territorio mexicano, cifra correspondiente al periodo de la administración del expresidente Donald Trump.
Entre los casos recientes que ilustran esta cooperación, se destaca la captura y extradición de un ciudadano mexicano acusado de graves delitos como prostitución de menores y agresión sexual. Este individuo fue interceptado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la región del Valle del Río Grande.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, utilizó las redes sociales para destacar estos esfuerzos bilaterales. El diplomático subrayó que su gobierno ha facilitado la comparecencia de estos 313 individuos ante la justicia mexicana, reforzando la seguridad en ambas naciones.
Sin embargo, esta declaración contrasta con señalamientos previos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria había expresado preocupación por la falta de respuesta a las peticiones de extradición de México hacia Estados Unidos.
Según Sheinbaum, en los últimos ocho años, México ha formulado 269 solicitudes de extradición por delitos de alto impacto, incluyendo crimen organizado y corrupción, pero ninguna de estas personas ha sido entregada hasta la fecha, generando una aparente disparidad en la reciprocidad judicial.
Estas declaraciones de la presidenta se enmarcan en un contexto donde Estados Unidos había solicitado a México la detención con fines de extradición de diez exfuncionarios y un legislador del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La cooperación judicial entre ambas naciones continúa siendo un tema central en la agenda bilateral, con un notable énfasis en la efectividad y el equilibrio en los procesos de entrega de fugitivos y la atención a las solicitudes pendientes.
