Joaquín “El Chapo” Guzmán, el otrora líder del Cártel de Sinaloa, ha vuelto a acaparar titulares desde su confinamiento en Estados Unidos. Recientemente, envió una nueva misiva a un tribunal de Nueva York, solicitando que las autoridades judiciales estadounidenses establezcan contacto con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El propósito de esta comunicación, la decimotercera de su tipo, es explorar la viabilidad de que el ex capo cumpla el resto de su condena en territorio mexicano. La carta, escrita a mano en un inglés que el texto describe como “confuso” y fechada el 2 de junio, fue enviada desde la prisión federal ADX Florence en Colorado, conocida como “Alcatraz de las Rocosas”, donde Guzmán Loera purga una sentencia de cadena perpetua desde 2019 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otros.
En el documento, “El Chapo” reitera presuntas irregularidades en su proceso de extradición. Afirma que sus derechos fueron violados y que se le negó un trato justo antes de ser puesto a disposición de la justicia estadounidense, argumentos que ha esgrimido en ocasiones anteriores.
Además de la solicitud principal, Guzmán Loera también mencionó contar con representación legal y pidió el restablecimiento de las visitas familiares. Cuestionó las condiciones de su reclusión, insistiendo en que deben respetarse los principios de igualdad y los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Uno de los pasajes más polémicos de la carta señala directamente a los gobiernos mexicanos de la época. Guzmán sostuvo que la violencia atribuida a su organización criminal fue, en realidad, responsabilidad de las administraciones mexicanas de aquel período, alegando que él fue culpado por intentar proteger su vida y a su familia.
A pesar de que sus solicitudes previas han sido desestimadas, el ex líder del cártel expresó agradecimiento al juez Brian M. Cogan y al tribunal de Brooklyn por considerar su estado de salud en futuras instancias de apelación, mostrando un persistente esfuerzo por revertir su situación legal.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta pública oficial por parte de la Presidencia de México ni de las autoridades judiciales de Estados Unidos en relación con la solicitud planteada en esta carta. La petición, sin embargo, reaviva el debate sobre el destino de uno de los criminales más notorios de la historia reciente.
