La administración federal ha logrado la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, según reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Este anuncio subraya el compromiso continuo del gobierno en la lucha contra la infiltración delictiva en las instituciones del país.
Desde Palacio Nacional, el titular de la SSPC detalló que el Gabinete de Seguridad revisa diariamente información estratégica. Esto permite identificar objetivos prioritarios generadores de violencia, evaluar fenómenos delictivos y determinar acciones focalizadas en las entidades con mayor incidencia criminal.
Gran parte de estas aprehensiones se llevaron a cabo en el marco de la “Operación Enjambre”, una serie de operativos estratégicos implementados en regiones clave como el Estado de México y Morelos. García Harfuch enfatizó que las indagatorias se realizan sin distinciones partidistas, afirmando que los involucrados provienen “de todos los partidos y de todos los colores”.
Entre los detenidos destacan siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su aprehensión, lo que evidencia la profundidad de la problemática y la determinación de las autoridades para combatirla sin importar el rango del implicado.
Casos notables incluyen a Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, Morelos, acusado de delincuencia organizada y extorsión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Otros alcaldes mencionados son María Elena Martínez de Amanalco de Becerra, Diego Rivera Navarro de Tequila, José Asunción Murguía de Teuchitlán, Ernesto Cruz Díaz de Cinalapa de Figueroa y Giovanni González Vieyra de Tlachichuca, de distintas filiaciones políticas.
Además de las detenciones, el secretario de Seguridad informó sobre el envío de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos entre agosto de 2025 y enero de 2026. Asimismo, se han asegurado cerca de 30 mil armas de fuego, de las cuales un 78 por ciento provienen del país vecino del norte, lo que resalta el flujo de armamento ilícito.
Harfuch aseveró que este compromiso se basa en una política de “cero impunidad”, asegurando que cualquier funcionario o exfuncionario que cometa delitos será investigado y detenido, siempre que existan los indicios y pruebas necesarias.
Finalmente, durante la presentación de un balance de la estrategia de seguridad federal, se apuntó a una tendencia a la baja en el promedio diario de homicidio doloso y delitos de alto impacto. De septiembre de 2024 a mayo de 2026, se registró una disminución preliminar del 49 por ciento en el homicidio doloso, atribuida al fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación territorial.
