La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un proceso investigativo unificado en torno a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La institución ha logrado ubicar su paradero, aunque hasta el momento no se ha emitido una citación formal para que rinda declaración.
La determinación clave de la FGR ha sido consolidar en un solo expediente tres indagatorias que previamente se tramitaban de manera independiente. Estas carpetas involucran presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, abarcando el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada, el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, y supuestas irregularidades electorales ocurridas en Sinaloa durante 2021.
Reportes de inteligencia obtenidos por diversos medios sugieren que Rocha Moya se encontraría resguardado en el Palacio de Gobierno de Culiacán. Esta ubicación estaría bajo un esquema de vigilancia aérea inédito, que incluye el sobrevuelo constante de helicópteros tipo Little Bird y al menos seis drones de gran tamaño, especialmente durante la noche.
Este operativo se describe como una «vigilancia estratégica y disuasión aérea permanente», lo que implica no solo monitoreo sino también capacidad de intervención. Asimismo, los informes indican que el gobernador con licencia podría presentar una condición respiratoria derivada de un debilitamiento inmunológico.
Las investigaciones también apuntan a un evento crucial que no se concretó: una reunión pactada en julio de 2024 entre Rocha Moya, «El Mayo» Zambada, Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López. Se presume que la ausencia del gobernador en dicho encuentro precipitó el asesinato de Cuén Ojeda y el secuestro de «El Mayo», quien habría sido entregado a autoridades estadounidenses.
Diez ex funcionarios sinaloenses, entre ellos Rocha Moya, son señalados por Estados Unidos de haber recibido sobornos de una facción específica del cártel. La FGR ya ha solicitado las pruebas en posesión del gobierno estadounidense y evalúa la pertinencia de tramitar una detención provisional con fines de extradición.
Este caso se suma a otras acciones de la FGR que demuestran su postura ante el crimen organizado y la corrupción. La atención nacional e internacional se mantiene sobre los avances de estas delicadas investigaciones que podrían redefinir el panorama político y judicial en la región.
