La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de la acusación emitida por el gobierno de Estados Unidos, la cual solicita la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.
A pesar de la relevancia del requerimiento internacional, la institución mexicana, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, ha precisado que la solicitud de detención carece de los elementos probatorios necesarios que sustenten de manera contundente los señalamientos de supuestos nexos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, subrayó que la FGR se apegará rigurosamente a los procedimientos y protocolos establecidos en la legislación mexicana. Esto implica un análisis minucioso de la documentación recibida para evaluar la viabilidad de la solicitud y la existencia de pruebas que justifiquen una orden de aprehensión.
De forma paralela a la evaluación de la petición estadounidense, la FGR llevará a cabo su propia investigación. El objetivo es recopilar toda la información que permita establecer si la acusación extranjera posee el fundamento legal y los datos de prueba requeridos por la ley mexicana para proceder con cualquier acción judicial.
Es crucial destacar que la legislación mexicana exige la presentación de datos de prueba sólidos para solicitar una orden de aprehensión. Además, los tratados bilaterales de extradición estipulan que esta solo se concederá si las pruebas son suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso, México.
El vocero de la FGR también enfatizó una cláusula de confidencialidad en la solicitud estadounidense, que insta a México a no divulgar la información para no comprometer los procedimientos penales. Sin embargo, en este caso, la información ya se hizo pública.
Finalmente, la Fiscalía recordó que, para el caso de gobernadores y senadores, la ley mexicana exige un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal de los servidores públicos. La FGR se compromete a cumplir estrictamente con el Estado de derecho, respetando la soberanía nacional y garantizando los derechos de las personas requeridas.
