En un movimiento destinado a estabilizar los precios, el gobierno federal y representantes del sector gasolinero han llegado a un acuerdo para fijar el costo del diésel en 28 pesos por litro, una medida proyectada para tener una duración inicial de una semana. Esta decisión, que involucra a la administración de Sheinbaum, busca aliviar las presiones económicas sobre los consumidores y la cadena de suministro.
No obstante, la implementación de este tope de precios ha generado una considerable inquietud entre los empresarios y analistas del sector. Se estima que el margen de ganancia para las estaciones de servicio sería de apenas 1.8 pesos por litro, un nivel que, según especialistas, resulta insuficiente para cubrir los costos operativos y de inversión esenciales para el funcionamiento del negocio.
Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, advirtió que con márgenes tan reducidos, la viabilidad de mantener la operación se vuelve extremadamente complicada. Esta situación pone en tela de juicio la capacidad de las gasolineras para sostener el precio acordado de 28 pesos al público sin incurrir en pérdidas significativas.
Aunque el acuerdo se presenta como un esfuerzo para contener la inflación, enfrenta desafíos estructurales importantes. Los costos logísticos, regulatorios y operativos han mostrado una tendencia al alza, lo que añade una presión adicional a la ya ajustada ecuación económica de las estaciones de servicio.
El presidente de Onexpo Nacional, Enrique Félix Robelo, expresó durante el 4° Foro Nacional IMEF de Energía e Infraestructura que, si bien existe una disposición del sector para colaborar, los «números no mienten» y sostener este nivel de precios será «muy complicado» en el mediano plazo.
La problemática se agudiza en regiones más apartadas de los principales centros de distribución, como las penínsulas de Baja California y Yucatán. En estas zonas, los costos de transporte pueden incrementar el precio por litro entre 50 y 80 centavos, erosionando aún más los márgenes ya estrechos de las gasolineras.
Adicionalmente, se deben considerar los costos regulatorios, que oscilan entre 30 y 40 centavos por litro, así como los gastos operativos fijos que alcanzan aproximadamente 1.60 pesos por litro. Estos factores colectivamente disminuyen la capacidad de las empresas para absorber un precio máximo sin comprometer su rentabilidad y su continuidad.
Julia González Romero subrayó que, si bien los controles de precios pueden tener un objetivo social valioso, su efectividad depende de que reflejen los costos reales de toda la cadena de valor, desde la importación hasta la distribución final. Un desequilibrio en esta ecuación hace que la medida sea inoperable a largo plazo.
El contexto actual se complica aún más por el aumento del 10.8 por ciento en el precio del diésel desde el inicio del conflicto en Medio Oriente a finales de febrero, así como por la reciente variación en el estímulo fiscal al IEPS, que en la semana del 18 al 24 de abril se situó en un 43.17 por ciento, significativamente menor al 81.2 por ciento de la semana anterior.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el precio promedio nacional del diésel ha fluctuado por encima del objetivo, lo que refuerza las dudas sobre la sostenibilidad y la eficacia a largo plazo de este acuerdo, mientras el mercado busca su propio equilibrio en un entorno económico volátil.
