El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, comparecieron en una segunda audiencia de procedimiento ante un tribunal federal en Nueva York. Ambos enfrentan acusaciones de narcotráfico y, en el caso de Maduro, narcoterrorismo, con miras a un posible juicio.
La audiencia se centró en una disputa crucial sobre el pago de su representación legal. Los abogados defensores argumentaron que el gobierno de Estados Unidos está infringiendo los derechos constitucionales de los acusados a elegir y contratar a sus propios letrados.
El juez federal Alvin Hellerstein, con una larga trayectoria, presidió el debate, mostrando su preocupación por la posible interferencia gubernamental en este derecho fundamental. Subrayó que el estado no debería obstaculizar la elección de la defensa por parte de los imputados.
Por otro lado, la fiscalía insistió en que el gobierno venezolano no puede transferir fondos para la defensa debido a las sanciones vigentes. Alegaron que la negativa a emitir una licencia para tales transacciones se basa en razones de “política exterior” y “seguridad nacional”.
El juez Hellerstein expresó su opinión de que «Estados Unidos está haciendo negocios» con Venezuela y que «las cosas han cambiado» en el país suramericano. Sin embargo, tras casi una hora de discusión, la disputa sobre el financiamiento legal quedó sin resolverse, y el juez prometió una pronta decisión.
Además del punto central, la audiencia abordó otros detalles de procedimiento. El abogado de Cilia Flores solicitó que se le brindara una mayor atención médica debido a una condición cardíaca que padece la diputada venezolana.
Mientras tanto, en Washington, el entonces presidente Donald Trump se adelantó al veredicto. Durante una reunión de gabinete, Trump proclamó la culpabilidad de Maduro, afirmando que esperaba que se presentaran más cargos y que recibiría un “juicio imparcial” a pesar de su declaración.
Los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack y Mark Donnelly respectivamente, están a la espera de la decisión del juez sobre el pago de sus honorarios. Argumentaron que, de no aprobarse los fondos, el caso podría ser desestimado, aunque el juez no lo descartó por completo, indicó que no era una opción inmediata.
La acusación federal sirvió como justificación para la supuesta detención de Maduro en Caracas, alegando que él encabeza un “gobierno corrupto e ilegítimo” que ha protegido y promovido actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico, entre 1999 y 2025.
Se le vincula con cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas, el Tren de Aragua, las FARC y el ELN. Decenas de venezolanos se congregaron frente al tribunal, con una pequeña manifestación de apoyo, mientras Maduro y Flores permanecen recluidos en una cárcel federal de Brooklyn.
