La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha desvelado un presunto adeudo cercano a los 12 mil millones de pesos, atribuible a diversas empresas que han hecho un uso irregular del recurso hídrico. Esta situación se ha puesto de manifiesto gracias a la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas en diciembre de 2025.
Según lo informado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de no regularizarse estos compromisos, las compañías enfrentarán sanciones severas, que podrían incluir la cancelación de sus títulos de concesión. La nueva normativa también ha permitido a pequeños productores recuperar sus derechos sobre el manejo del agua.
El titular de Conagua, Efraín Morales López, presentó varios casos. Entre ellos, destacó la práctica de particulares que, poseyendo concesiones de agua agrícola gratuitas, las comercializaban por sumas millonarias a terceros para usos no agrícolas. Hasta la fecha, se han efectuado 7 mil 614 inspecciones, resultando en mil seis clausuras por el uso ilegal de títulos de agua.
Un ejemplo significativo se observa en Baja California, donde desde 2002 municipios como Ensenada y Tijuana compraban agua a distritos de riego, pagando más de 531 millones de pesos a «unas cuantas personas» en los últimos cinco años. Para corregir esto, se entregarán por primera vez derechos de explotación directa a los municipios afectados.
Otro caso es el de la familia Calzada, vinculada al exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa. Esta familia posee concesiones agrícolas, pero supuestamente cambia el uso de 628 mil metros cúbicos para vender agua en pipas o abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo con campos extensos y esquí acuático, sin pagar los derechos correspondientes.
Asimismo, se expuso el caso de una «refresquera muy famosa» con un proceso legal abierto. Se descubrió que esta empresa no paga por más de 2.8 millones de metros cúbicos en 18 títulos, sobreexplota casi un millón de metros cúbicos en otros diez títulos, carece de medidores en 42 concesiones e incumple pagos en diez títulos, acumulando un presunto adeudo de 234 millones de pesos.
Morales López indicó que, gracias a estos cambios, la recaudación por pagos de agua se incrementó en 3 mil 500 millones de pesos el año pasado, y se proyecta un aumento de 6 mil millones para 2026, fondos que se destinarán a obras públicas hídricas. La presidenta Sheinbaum subrayó que el objetivo principal de la nueva ley es «acabar con los privilegios» y la comercialización del agua gratuita.
La mandataria recordó que la mercantilización del agua se permitió en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1992, y que subsiguientes administraciones otorgaron numerosos títulos de concesión, creando un sistema que permitía a terceros lucrar con un recurso destinado al bien público y a la producción de alimentos.
